El conflicto de la Educación

Las medidas de ahorro introducidas por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ámbito de la educación pública, junto a la respuesta que ha despertado entre profesores, padres y estudiantes está derivando en un conflicto de la mayor trascendencia para el futuro. No en vano, varias generaciones dependerán de lo que hoy se está haciendo. ¿Se está abordando esta cuestión desde parámetros que permitan avanzar hacia un mejor sistema educativo? Porque esto es lo realmente lo importante y hacía donde deberían encaminarse todos los esfuerzos.

Cuando los conflictos se emponzoñan es difícil intentar mantener una postura equilibrada sin que a uno le acusen de apoyar a cualquiera de las partes. Los profesores, al menos en mi humilde opinión, tienen razón al considerar que la actuación de la Consejería constituye un ataque a la educación pública, máxime cuando la rebaja en el presupuesto coincide con un aumento de los incentivos para la educación concertada y privada. Que un docente tenga más estudiantes por aula, más hora de clase o que incluso deba ocuparse de materias que no son de su especialidad no puede ser positivo en el trabajo que día a día se realiza en nuestros centros. Y esto sin contar con algunos casos de persecución, caza de brujas o como deseemos llamarlo que, efectivamente, se está produciendo.

Ahora bien, la protesta de la comunidad educativa no puede implicar inmovilismo. Los indicadores de calidad demuestran que la formación que reciben los estudiantes es manifiestamente mejorable. Ahí están los informes PISA, cuyos resultados sólo pueden provocar sonrojo. Algo no se está haciendo bien cuando estamos por debajo de la media de países desarrollados en comprensión lectora, matemáticas y competencia científica. El problema es que los profesores se oponen a las medidas impulsadas por Aguirre y su consejera Figar, pero sin mencionar que el sistema educativo tiene que ser revisado. Dicho de otro modo, la inversión pública debe ir de la mano de eficacia y ello, a su vez, requiere de una profunda transformación en la enseñanza, para lo cual, a buen seguro, hay que tocar algunas condiciones de trabajo profundamente arraigadas entre los profesionales de la enseñanza.

Las autoridades, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, deben proveer de los fondos necesarios para sostener una educación pública de calidad, que es la mejor garantía para la cohesión social y para mejorar en capacitación profesional y ciudadana de aquellos llamados a dirigir el país. Empero, educación pública de calidad conlleva la necesidad de introducir reformas. Los primeros interesados en plantear estas cuestiones deberían ser sus propios profesionales. En consecuencia, los sindicatos no pueden, no deben, eludir la responsabilidad de buscar la mejor educación pública. Y para ello deben estar dispuestos a sentarse con la CAM no sólo para hablar de dinero, sino para buscar una mejora efectiva de la educación. Y esto implica cambios. El gobierno Aguirre, por su parte, debe concienciarse que la educación no es un gasto, sino una inversión de futuro que requiere de esfuerzos presupuestarios. Racanear en este ámbito supone condenar a nuestra sociedad. No estar dispuestos a buscar nuevas líneas de mejora implica seguir condenándola.

En suma, ambas partes deben negociar, pero no tanto con el objetivo de ahorrar dinero (CAM) o mantener intocable la enseñanza (profesores), sino con el deseo último, inquebrantable y absolutamente necesario de avanzar hacia una educación pública de referencia a nivel internacional.